La Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que solo instancias federales pueden determinar la soberanía sobre islas fronterizas.
El 30 de octubre, la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció que el estado declaró como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el Río Bravo, a lo largo de la frontera con México, entre Laredo y McAllen. Estas islas abarcan aproximadamente 66 acres, equivalentes a 27 hectáreas. La decisión se tomó tras una revisión de la Oficina General de Tierras (GLO) de Texas, motivada por una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para examinar 28 islas del Río Grande cuya propiedad era incierta.
Según el anuncio, las fuerzas de seguridad de Texas podrán ingresar a estos terrenos para patrullarlos, inspeccionarlos y retirar actividades consideradas ilegales. Dawn Buckingham señaló que la designación permitirá combatir el tráfico de personas y drogas, aunque la GLO reconoció que no se ha confirmado la presencia de actividades delictivas en estas nueve islas, pero mencionó antecedentes en otros territorios del río utilizados por organizaciones criminales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México respondió mediante un comunicado que ningún gobierno estatal tiene atribuciones para modificar los límites internacionales. Recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera entre México y Estados Unidos en el Río Bravo corre por el centro del cauce normal del río, y que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada para aplicar el tratado y determinar la soberanía de cada isla. La SRE subrayó que ninguna autoridad estatal puede alterar los límites internacionales y reiteró el compromiso de México con el cumplimiento de los acuerdos fronterizos y el diálogo bilateral.
La SRE también advirtió que el tratado prohíbe a ambos países construir obras que desvíen u obstruyan el escurrimiento normal del río, según la CILA, y dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona. En 2023, Texas ya había declarado como propiedad estatal la isla Fronton, en el condado de Starr, donde las autoridades estatales realizaron trabajos para retirar vegetación y facilitar la vigilancia fronteriza.