El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta un proceso penal vinculado a una investigación por presunto “huachicol fiscal”, en un contexto político marcado por acusaciones de persecución selectiva dentro del gobierno federal actual.
Ruffo, quien fue el primer gobernador de oposición tras décadas de dominio priista en su estado, es señalado por autoridades federales en un caso que algunos sectores interpretan como un golpe político dirigido tanto al Partido Acción Nacional (PAN) como al partido emergente “SomosMX”. Este proceso ocurre mientras otros escándalos vinculados a figuras del partido en el poder, Morena, permanecen sin investigaciones públicas ni sanciones.
El gobierno federal ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso de no proteger a nadie, sin embargo, la percepción pública y diversos análisis señalan que ciertos personajes vinculados a Morena han recibido un trato distinto. Entre ellos destacan funcionarios y familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como exfuncionarios y políticos con presuntos vínculos con actividades ilícitas.
Casos como el fraude en Segalmex, que implicó un daño económico de aproximadamente 15 mil millones de pesos, han sido reconocidos públicamente, pero sin que se hayan aplicado sanciones contundentes a los responsables. Además, se han señalado conflictos de interés y tráfico de influencias en familiares del presidente y otros políticos cercanos al gobierno.
En Sonora y otras entidades, la situación política también refleja tensiones. Por ejemplo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ha estado en el centro de controversias relacionadas con contactos con agencias de seguridad de Estados Unidos, mientras que en Sinaloa, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos sobre posibles vínculos con el crimen organizado.
En el ámbito internacional, la DEA y autoridades estadounidenses han emitido advertencias sobre la posible colusión de políticos mexicanos con grupos del narcotráfico. Terry Cole, director de la DEA, ha reiterado estos mensajes, mientras que figuras políticas estadounidenses han responsabilizado a algunas autoridades mexicanas de mantener relaciones con cárteles delictivos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado estas acusaciones y mantiene que la cooperación bilateral es buena.
Estos señalamientos ocurren en un momento en que México se prepara para elecciones legislativas en noviembre, lo que podría influir en la dinámica política y en la atención que autoridades estadounidenses dedican a casos de corrupción y crimen organizado en el país.
En el ámbito local, casi 12 años después de la contaminación del Río Sonora, se avanza en proyectos de remediación, entre ellos la construcción de un hospital en Ures. Sin embargo, la licitación para esta obra, con un presupuesto de 452 millones de pesos, fue asignada a una empresa con socios internacionales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la participación de contratistas locales y la transparencia en el proceso.