El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”. Este caso se enmarca en un contexto político donde la administración federal ha sido señalada por aplicar la ley de manera diferenciada según la filiación política, manteniendo vigente la frase atribuida a Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Ruffo, quien fue el primer gobernador opositor al PRI en 1989, ahora es considerado por algunos sectores como un preso político. Su detención ha sido interpretada como un intento del gobierno federal para afectar a partidos de oposición como el PAN y el emergente SomosMX. Además, se señala que esta acción podría desviar la atención pública de otros escándalos, como los vinculados a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y sus contactos con funcionarios de seguridad de Estados Unidos.
En contraste, la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ha sido criticada por la falta de investigaciones o sanciones contra funcionarios y familiares cercanos al gobierno federal implicados en diversos casos de corrupción y tráfico de influencias. Entre los ejemplos mencionados están el fraude en Segalmex, que representó un daño patrimonial de 15 mil millones de pesos, y la aparente impunidad para personajes como Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de ese organismo.
Asimismo, se han señalado conexiones poco claras entre políticos de Morena y figuras relacionadas con actividades ilícitas, como Pedro Carmona, conocido como “rey del huachicol”, y la protección a funcionarios como el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, vinculado a operadores del “huachicol” fiscal. También se menciona al senador Adán Augusto López y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como personajes protegidos a pesar de las acusaciones en su contra.
El caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada durante dos años, es presentado como un ejemplo de persecución política, mientras que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, enfrenta presiones políticas sin que se haya procedido legalmente en su contra. Además, periodistas críticos al gobierno han sido etiquetados como enemigos, lo que refleja un clima de tensión y polarización.
En el ámbito internacional, Terry Cole, director de la DEA, ha reiterado advertencias al gobierno mexicano sobre la posible colusión de políticos con el narcotráfico. Estas declaraciones se suman a las críticas de funcionarios estadounidenses que responsabilizan a la administración de Claudia Sheinbaum por supuestas influencias de los cárteles en la política mexicana. La mandataria ha negado estas acusaciones y mantiene una relación diplomática con Estados Unidos, aunque la situación sigue siendo motivo de atención debido a las próximas elecciones en ese país.