El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta un proceso penal en el contexto del gobierno actual, lo que ha generado diversas interpretaciones sobre la aplicación de la justicia en la llamada Cuarta Transformación (4-T). La frase atribuida a Benito Juárez, “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, ha sido retomada para describir la manera en que se percibe el trato hacia distintos actores políticos en México.
Ruffo Appel, primer gobernador de oposición que rompió la hegemonía del PRI en Baja California en 1989, es señalado en una investigación relacionada con el llamado “huachicol fiscal”. Este caso ha sido interpretado como un golpe político que afecta tanto al Partido Acción Nacional (PAN) como al emergente partido SomosMX, además de desviar la atención pública de otros escándalos, como los que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por sus contactos con funcionarios de seguridad estadounidenses.
En contraste, diversas figuras vinculadas con el actual gobierno federal han sido señaladas públicamente por presuntas irregularidades, pero no han enfrentado procesos judiciales. Entre estos casos destacan el fraude en Segalmex, con pérdidas millonarias, y la protección a personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a familiares y colaboradores.
El gobierno ha negado sistemáticamente favoritismos, pero la percepción pública y la crítica política señalan una diferencia en el trato a opositores y aliados. También se mencionan casos como el del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, y el senador Adán Augusto López, quienes han sido vinculados a investigaciones o señalamientos relacionados con actividades ilícitas, sin que hasta ahora se hayan presentado acciones legales contundentes.
En el ámbito estatal, la gobernadora Marina del Pilar ha sido objeto de controversia por sus vínculos con oficinas de seguridad de Estados Unidos, mientras que otros gobernadores, como Rubén Rocha Moya en Sinaloa, enfrentan señalamientos sobre posibles relaciones con el crimen organizado, sin que se hayan iniciado procesos legales en su contra.
El caso de Rosario Robles Berlanga, exfuncionaria federal encarcelada durante dos años, es presentado como un ejemplo de persecución política dentro del contexto de la 4-T. Asimismo, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, enfrenta presiones políticas, aunque no se ha avanzado en procedimientos legales en su contra.
En el plano internacional, la administración estadounidense ha emitido advertencias sobre la posible colaboración de políticos mexicanos con el narcotráfico. Terry Cole, director de la DEA, ha reiterado estos mensajes, sumándose a las declaraciones de funcionarios como Marco Rubio y Markwayne Mullin, quienes han señalado a la presidenta Claudia Sheinbaum por supuestas conexiones con cárteles de droga, acusaciones que ella ha negado.
Estas tensiones se dan en un contexto de elecciones en Estados Unidos, donde la administración busca mantener el control del Congreso y podría tomar medidas contra políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado.
Por último, en Sonora, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora, la construcción de un hospital en Ures como parte del proyecto de remediación ha sido adjudicada a una empresa con socios internacionales, pese a la capacidad demostrada por contratistas locales, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y el apoyo a la industria regional.