El exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se encuentra actualmente involucrado en un proceso penal relacionado con una investigación por “huachicol fiscal”. Aunque no se dispone de detalles específicos sobre el caso, este hecho ha sido interpretado por algunos sectores como una muestra de la frase atribuida a Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, que sigue vigente en el contexto político de la llamada Cuarta Transformación (4-T).
Ruffo, quien fue el primer gobernador de oposición en Baja California en 1989, es señalado por el gobierno federal como parte de un intento por golpear a partidos opositores como el PAN y el emergente SomosMX. Este caso también se ha vinculado a una estrategia para desviar la atención de otros escándalos políticos, entre ellos los relacionados con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y sus supuestos contactos con funcionarios de seguridad de Estados Unidos.
En contraste, el gobierno federal ha sido cuestionado por no actuar con la misma rigurosidad contra figuras vinculadas a Morena y sus aliados. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un fraude millonario en Segalmex, pero defendió al director de aquel organismo, Ignacio Ovalle Fernández, quien fue señalado como “intocable” debido a sus vínculos históricos con el mandatario.
Además, se han señalado casos de presuntos conflictos de interés y tráfico de influencias relacionados con familiares del presidente, sin que se hayan iniciado investigaciones formales. También se cuestiona la falta de acciones contra personajes como el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, vinculado a operadores del huachicol fiscal, o el senador Adán Augusto López, acusado de tener conexiones con grupos delictivos.
La protección política también ha sido tema de debate en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a pesar de las evidencias públicas que los relacionan con actividades cuestionadas. En contraste, opositores como Rosario Robles Berlanga, exfuncionaria federal, han enfrentado procesos judiciales que algunos califican como motivados por razones políticas.
El acoso político también se extiende a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aunque hasta ahora no se ha avanzado en procedimientos legales que permitan retirarle el fuero para iniciar una investigación formal.
En el ámbito internacional, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), a través de su director Terry Cole, ha emitido advertencias sobre la posible implicación de políticos mexicanos con el narcotráfico. Estas declaraciones se suman a las expresiones de funcionarios estadounidenses que señalan la influencia de cárteles en la política mexicana, acusaciones que la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado.
Estos señalamientos ocurren en un contexto electoral en Estados Unidos, donde la administración busca mantener el control del Congreso, lo que podría derivar en acciones legales contra políticos mexicanos en los próximos meses.