El mexicano deberá entregar 7.13 millones de dólares y pagar una multa tras ser declarado culpable de corrupción internacional.
Javier Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años y residente en Houston, Texas, fue sentenciado en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, a cuatro años de prisión por su participación en esquemas internacionales de sobornos relacionados con Pemex y Petroecuador. Aguilar deberá entregar 7.13 millones de dólares en decomiso y pagar una multa de 100 mil dólares.
Las autoridades estadounidenses determinaron que Aguilar y sus cómplices pagaron más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI) para obtener contratos millonarios para la empresa Vitol Inc.
Detalles de los esquemas de soborno
En México, Aguilar y sus colaboradores entregaron aproximadamente 600 mil dólares a dos funcionarios de PPI para asegurar contratos para Vitol. Para ocultar estos pagos, utilizaron empresas fantasma, contratos falsos, facturas ficticias y correos electrónicos con nombres falsos.
En Ecuador, los sobornos permitieron obtener un contrato de 300 millones de dólares para la compra de combustóleo. Parte de la operación incluyó el uso de una entidad estatal de Medio Oriente para sortear restricciones en Petroecuador. Las operaciones ilícitas fueron ocultadas mediante sociedades en Curazao, Panamá y las Islas Caimán, además de contratos simulados y facturas falsas.
Proceso judicial y antecedentes
Un jurado federal declaró culpable a Aguilar en 2024 por cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y lavado de dinero. Aguilar se declaró culpable por cargos derivados del esquema de sobornos en México.
Vitol admitió en diciembre de 2020 haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil, y pagó 135 millones de dólares en multas. Siete cómplices de Aguilar, incluidos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se declararon culpables y acordaron entregar más de 63 millones de dólares.
La sentencia de Aguilar marca el cierre de una etapa judicial que expuso mecanismos de corrupción en el sector energético. Las autoridades estadounidenses han señalado que continuarán utilizando la FCPA para perseguir esquemas de soborno internacional que involucren el sistema financiero de Estados Unidos.