El grupo Department of Peace se atribuyó el robo y la difusión de información sensible de agentes y contratistas federales.
Más de 41 mil empleados y contratistas federales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) quedaron expuestos tras una filtración masiva de información que incluye datos personales y laborales. Entre los afectados se encuentran agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), integrantes de la Patrulla Fronteriza y trabajadores relacionados con operaciones sensibles.
El conjunto de archivos, difundido bajo el nombre de Icepick, contiene nombres, datos de contacto, cargos y asignaciones laborales de personal de distintas dependencias del gobierno estadounidense. La filtración no se limita a trabajadores de ICE, sino que también abarca registros de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y otras áreas del DHS.
El grupo denominado Department of Peace se atribuyó el robo de la información y afirmó haber obtenido los registros mediante acceso a sistemas internos del gobierno. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuándo ocurrió la intrusión ni se conoce con precisión el alcance total del ataque.
Los archivos fueron recibidos y publicados por Distributed Denial of Secrets, una organización sin fines de lucro que difunde información filtrada de interés público. Esta organización puso a disposición el conjunto de datos junto con una herramienta de búsqueda para consultar los registros.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que tenía conocimiento de una posible vulneración de sus sistemas y señaló que trabaja para atender el incidente y proteger a sus empleados. Por su parte, la empresa tecnológica Okta indicó que no tiene pruebas de que sus sistemas o datos hayan sido comprometidos, aunque su sistema de acceso único habría sido utilizado para ingresar a plataformas gubernamentales.
Especialistas en ciberseguridad advierten que la combinación de datos filtrados puede ser utilizada para cometer fraudes, suplantar identidades o intentar obtener información adicional mediante engaños. Existe preocupación por las posibles consecuencias para investigaciones en curso y para la seguridad de los trabajadores y sus familias.
El caso ha generado debate entre la transparencia de las instituciones migratorias y la protección de quienes participan en sus operaciones. Organizaciones críticas de ICE consideran que conocer su estructura permite investigar posibles abusos y exigir responsabilidades, mientras que funcionarios y exdirectivos advierten que divulgar la identidad del personal puede exponerlo a amenazas, agresiones y represalias.