El Observatorio Sonora por la Seguridad advirtió que acreditar una desaparición forzada en Sonora es un proceso complejo que requiere demostrar la participación directa de funcionarios públicos. Krimilda Bernal Hoyos, directora general del Observatorio e investigadora en temas de violencia y seguridad pública, explicó que este delito es distinto a la desaparición de una persona, ya que implica la intervención de agentes del Estado en estructuras municipales, estatales o nacionales.
Dificultad para acreditar desaparición forzada
Bernal Hoyos señaló que el Observatorio no cuenta con carpetas de investigación específicas por desaparición forzada y que la información disponible proviene del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, este último no concentra carpetas específicas de desaparición forzada.
Para conocer cuántas investigaciones se han iniciado por este delito, es necesario solicitar la información directamente a las fiscalías mediante mecanismos de transparencia.
Elementos jurídicos y registros independientes
Existen quejas contra funcionarios ante comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, así como testimonios públicos que señalan presuntos abusos relacionados con desapariciones. No obstante, estos antecedentes no son suficientes para establecer jurídicamente casos de desaparición forzada, ya que se requieren elementos específicos para su comprobación.
Además, los colectivos de búsqueda mantienen registros independientes de personas desaparecidas, lo que puede ampliar el panorama más allá de las estadísticas oficiales.
El Observatorio enfatiza que acreditar jurídicamente una desaparición forzada es muy complicado y requiere una investigación detallada y específica.