Ricardo Ballesteros López advierte que el nuevo modelo podría dificultar la determinación de responsabilidades patrimoniales del Estado.
El asesor jurídico de víctimas del caso Waldo’s, Ricardo Ballesteros López, expresó preocupaciones sobre la reciente reforma constitucional en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, aprobada en Sonora el 8 de octubre de 2026. La reforma, promovida por el gobernador Alfonso Durazo y avalada por el Congreso de Sonora, eleva a rango constitucional el derecho de los sonorenses a la Protección Civil y establece el Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y financiera.
Según la reforma, la persona titular de este nuevo organismo será designada por el Congreso del Estado mediante un proceso de selección. Ballesteros López advirtió que este modelo podría dificultar la determinación de responsabilidades patrimoniales del Estado en caso de futuras tragedias, ya que traslada atribuciones de prevención y supervisión a un organismo autónomo, lo que podría complicar el acceso a la justicia para las víctimas.
Actualmente, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado permite demandar al gobierno cuando se acredita una actividad administrativa irregular por parte de un funcionario público. Sin embargo, Ballesteros López considera necesario revisar los alcances de la reforma y las responsabilidades de quienes encabecen el nuevo instituto, para evitar que las víctimas enfrenten obstáculos adicionales en la búsqueda de justicia.
El asesor jurídico aclaró que su postura no desconoce la importancia de fortalecer la Protección Civil, sino que cuestiona el modelo de responsabilidades que plantea la reforma y sus posibles consecuencias jurídicas para las víctimas en Sonora.