El Comité Noruego del Nobel reconoce la trayectoria de Pillay en la justicia internacional y su papel frente a crímenes graves.
El 9 de octubre de 2026, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a Navanethem “Navi” Pillay, destacando su contribución a la independencia judicial y la justicia internacional. Pillay, nacida en Durban, Sudáfrica, en 1941 durante el régimen del apartheid, fue reconocida por su trayectoria como defensora de opositores políticos, incluyendo a Nelson Mandela, y por su labor en la defensa de personas privadas de la libertad por motivos políticos.
En 1995, Pillay se convirtió en la primera mujer negra en ocupar el cargo de jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Posteriormente, fue jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde participó en el reconocimiento de la violencia sexual como forma de genocidio. Entre 2003 y 2008, se desempeñó como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), y de 2008 a 2014 fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Comité Noruego subrayó que la paz duradera requiere justicia y que el derecho internacional es una alternativa frente al predominio de la fuerza. En su anuncio, destacó la independencia y la integridad de Pillay, así como su contribución al desarrollo de instituciones capaces de exigir responsabilidades por crímenes graves.
Pillay también presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados e Israel. Bajo su liderazgo, la comisión concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, un informe que generó reacciones internacionales y elogios a su valentía.
El mismo día del anuncio del Nobel, el gobierno de Estados Unidos, a través de Marco Rubio, anunció medidas para restringir financieramente a la Corte Penal Internacional, argumentando que la CPI ha excedido su jurisdicción al investigar a estadounidenses y ciudadanos de países aliados, especialmente Israel. Estados Unidos, que no es Estado parte del Estatuto de Roma, considera ilegítimas determinadas actuaciones de la CPI.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, rechazó las medidas estadounidenses y reafirmó que el tribunal continuará actuando con independencia e imparcialidad, basándose únicamente en el derecho y las pruebas.