El financiamiento para los programas asistenciales en México comienza a mostrar señales de agotamiento, lo que genera preocupación sobre la estabilidad económica del país bajo el actual gobierno populista.
La centralización de recursos en el gobierno federal y la reducción del presupuesto para estados y municipios han impactado la disponibilidad de fondos. Además, la iniciativa privada, principal generadora de empleo, manifiesta desconfianza ante la vulnerabilidad del Estado de Derecho y las políticas que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Banco de México anunció la venta de CETES como una forma de obtener crédito interno, lo que algunos expertos interpretan como un indicio de que el gobierno podría recurrir a la impresión de dinero, situación que podría descontrolar la inflación.
Datos del INEGI y el IMSS revelan una disminución en la generación de empleos formales, aumentando la informalidad laboral, lo que contradice las cifras oficiales optimistas. Economistas prevén un crecimiento económico inferior al 1 por ciento para este año.
En julio, la Secretaría del Bienestar inició con retraso la dispersión de recursos para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, lo que pone en duda la suficiencia de fondos y la sostenibilidad de estos programas.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá continuará vigente hasta 2036, a pesar de las revisiones anuales y las negociaciones en curso.
El sector empresarial ha expresado su preocupación por una posible crisis financiera derivada de estas condiciones, dada la importancia del comercio en América del Norte para la economía mexicana.
La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener los programas sociales y la estabilidad económica sin una mayor producción nacional y recaudación fiscal.