Deforestación, atropellamiento de fauna y expropiaciones a bajo costo marcan la construcción del Tren Maya, con sentencias judiciales incumplidas y protestas de comunidades mayas.
El proyecto del Tren Maya ha provocado daños ambientales significativos y afectaciones sociales, según denuncias de comunidades mayas, organizaciones civiles y reportes oficiales. La construcción fracturó la selva en varios tramos, con cámaras de Pro Natura documentando atropellamientos de jaguares, tapires y ocelotes en la carretera paralela al tren. En el tramo 5 Sur, que abarca Playa del Carmen, Tulum y el Ejido Jacinto Pat, 15 comunidades mayas denunciaron la expropiación de tierras a precios de entre 20 y 30 pesos por metro cuadrado, cuestionando la legalidad y justicia de los pagos.
Durante 2023 y 2024, las comunidades presentaron 32 amparos, obteniendo fallos favorables que obligaron a modificar la obra. Como resultado, se construyó un viaducto elevado en el tramo 5 Sur, aunque solo se completaron 42 kilómetros de los 70 prometidos. En los tramos 6 y 7, que incluyen Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Xpujil, 40 comunidades protestaron por la división de sus poblaciones y ejidos debido al paso del tren.
El impacto ambiental incluye la perforación, relleno y contaminación de cerca de 25 cenotes en el tramo 5, documentados por ONG como Cenotes Urbanos y Sélvame en 2024. Conagua advirtió riesgos de contaminación acuífera en el manifiesto de impacto ambiental (MIA). Además, solo se instalaron 70 de los 120 pasos de fauna anunciados, y muchos resultaron inadecuados; en Calakmul solo se construyeron 3 pasos elevados de 40 metros. SEDENA y la administración del Tren Maya toleraron la caza de especies silvestres y las brigadas de protección de fauna carecieron de presupuesto. El programa de monitoreo del jaguar solicitó 80 collares GPS, pero solo se entregaron 12.
La deforestación asociada al proyecto alcanzó 10.5 millones de árboles talados, equivalentes a 6,659 hectáreas de selva, con un ancho de 40 metros por cada uno de los 1,535 kilómetros del recorrido. Aunque el programa ‘Sembrando Vida Tren Maya’ planeaba sembrar 500 millones de árboles, la Auditoría Superior de la Federación reportó que solo se plantaron 64 millones y sobrevivió el 28%. Un juez federal ordenó en 2024 reforestar las 6,659 hectáreas perdidas, pero la sentencia no se ha cumplido.
El INAH reportó el rescate de 62 mil estructuras arqueológicas, aunque reconoció que el 30% del trazo se realizó bajo la modalidad ‘construya primero, rescate después’. En Campeche, vestigios arqueológicos quedaron a 200 metros de la vía, y en el tramo 7 se destruyeron plataformas mayas por la apertura de brechas.
Los manifiestos de impacto ambiental se elaboraron después de iniciar la construcción, en apenas 10 días y con el tren casi terminado. El presidente López Obrador justificó la obra con la frase “no me vengan con que la ley es la ley”. El proyecto fue impulsado por Rogelio Jiménez Pons y Javier May Rodríguez, con participación de SEDENA y constructoras como Mota-Engil, Grupo Carso, ICA, Grupo México y Acciona. El tramo 1 enfrenta problemas de hundimiento y litigios por 7 mil millones de pesos. Organismos como IMCO, México Evalúa y el Centro Mario Molina han advertido sobre riesgos ambientales y baja rentabilidad. Actualmente, el Tren Maya opera con subsidios y bajo control militar, y genera pérdidas económicas.