El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta un proceso penal que ha sido interpretado por diversos analistas como un reflejo de la frase atribuida a Benito Juárez en el contexto de la Cuarta Transformación (4-T): “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Ruffo, quien fue el primer gobernador opositor al PRI en 1989, ahora es señalado en una investigación relacionada con el “huachicol fiscal”. Esta situación ha sido vista como un intento del gobierno federal por afectar a partidos políticos como el PAN y el emergente SomosMX, además de desviar la atención de otros escándalos políticos recientes en Baja California.
El análisis destaca que, aunque la Fiscalía General de la República podría contar con elementos para procesar a Ruffo, existen cuestionamientos sobre la aplicación de la justicia en casos vinculados a figuras cercanas al actual gobierno. Se mencionan casos donde presuntos actos de corrupción o irregularidades no han sido investigados con la misma rigurosidad, incluyendo a funcionarios y familiares de altos mandos.
Entre los ejemplos citados están el fraude en Segalmex, con pérdidas millonarias reconocidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin consecuencias legales para los responsables directos. También se mencionan señalamientos de tráfico de influencias y contratos irregulares relacionados con familiares del presidente y otros funcionarios.
El texto señala que, en la actual administración, algunas figuras políticas como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, han estado envueltas en controversias sin que se hayan iniciado investigaciones formales. Asimismo, se menciona la protección a personajes vinculados con el crimen organizado o con operaciones ilegales, como el exsecretario de Marina Rafael Ojeda y el senador Adán Augusto López.
El caso de Rosario Robles Berlanga también es incluido como ejemplo de persecución política, mientras que otras autoridades, como la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, enfrentan procesos que aún no avanzan a etapas legales más severas.
Además, se destaca la preocupación de Estados Unidos sobre la posible colusión de políticos mexicanos con el narcotráfico. Terry Cole, director de la DEA, ha reiterado advertencias al gobierno mexicano en este sentido. Estas declaraciones se suman a las críticas de funcionarios estadounidenses que responsabilizan a la administración actual por la influencia de los cárteles en México.
El análisis menciona que estas tensiones internacionales podrían intensificarse conforme se acercan las elecciones en Estados Unidos, lo que podría derivar en acciones legales o políticas contra figuras mexicanas vinculadas con actividades ilícitas.