Un juez modificó la medida cautelar y Thompson Navarro cumplirá prisión domiciliaria tras ser vinculado a proceso por presunta introducción ilegal de hidrocarburos.
Ricardo Thompson Navarro, socio de Ernesto Ruffo Appel en la empresa Ingemar, obtuvo prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California, luego de que un juez de control modificara la medida cautelar que lo mantenía en prisión preventiva. La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, donde se determinó que Thompson Navarro cumplirá la prisión preventiva oficiosa en un inmueble de su propiedad en Ensenada y no en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 ‘El Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, de donde fue trasladado.
Thompson Navarro fue detenido el 16 de julio en Ensenada y, siete días después, vinculado a proceso por delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando. La Fiscalía General de la República sostiene que Thompson Navarro y otros ocho implicados forman parte de una red dedicada al contrabando de combustibles mediante ferrotanques, utilizando empresas como Ingemar y Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. para importar hidrocarburos de manera ilegal.
Con esta decisión, cinco de los nueve implicados en el caso han obtenido prisión domiciliaria. Entre ellos se encuentran Ernesto Ruffo Appel, quien fue trasladado a su domicilio en Ensenada el 27 de septiembre, así como Juan Hermilo Chávez y los hermanos Guillermo y José María de la Peña Rosales, estos últimos cumpliendo la medida desde el 23 de julio en Saltillo, Coahuila.
De acuerdo con la FGR, Ingemar habría importado 2,137,455,156.22 litros de petrolíferos en 2025, mientras que Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. introdujo 225,633 litros sin los permisos requeridos por la Secretaría de Energía. Las autoridades federales aseguraron 18,024.86 litros de hidrocarburos en operativos realizados en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. El daño a la Hacienda pública por la introducción ilegal de estos productos asciende a 166,466,735.26 pesos, y las operaciones habrían generado un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos al erario, según las acusaciones que forman parte del proceso penal en curso.