El nuevo Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tendrá autonomía y su titular será elegido por convocatoria abierta.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció una reforma constitucional en Sonora que reconoce la protección civil como un derecho humano y establece la creación del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil como organismo autónomo. El anuncio se realizó a un año del incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, que causó la muerte de 24 personas.
La reforma busca transformar el modelo de protección civil en el estado, pasando de un sistema reactivo a uno preventivo. Para su elaboración, se realizó un proceso de consulta con académicos, cuerpos de emergencia, brigadistas, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y ciudadanos. El nuevo instituto contará con autonomía constitucional para diseñar políticas públicas enfocadas en la prevención de riesgos.
El titular del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil será seleccionado mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía. Los aspirantes serán evaluados por un comité técnico especializado y deberán ser ratificados por dos terceras partes del Congreso del Estado. Además, el organismo contará con un consejo ciudadano y un consejo técnico asesor integrado por especialistas.
La reforma fue aprobada de manera unánime por los partidos políticos en el Congreso de Sonora. El Poder Legislativo emitirá próximamente la convocatoria para elegir al titular del nuevo instituto. Paralelamente, el Gobierno estatal y representantes de la sociedad civil trabajarán en una nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Como parte de los cambios, se fortalecerá la asignación presupuestal para las instituciones de protección civil en Sonora. El gobernador expresó condolencias a las familias de las víctimas y lesionados del incendio, y reiteró que el Gobierno de Sonora mantendrá el acompañamiento a las familias afectadas, brindando atención médica, psicológica y jurídica, así como en los procesos de reparación integral del daño. Se respetará la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y del Poder Judicial en el proceso judicial relacionado con el caso.
Estos cambios institucionales buscan traducirse en acciones concretas para reducir riesgos y evitar tragedias similares en el futuro. Para más detalles sobre el anuncio inicial y antecedentes del caso, consulta nuestra cobertura previa.
