El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un anteproyecto que busca sancionar a concesionarios de radio y televisión por vulnerar los derechos de las audiencias, una medida que podría implicar censura en los medios de comunicación.
Control y contrapesos en el sistema político
En México, el gobierno mantiene un control significativo sobre el Poder Judicial, al elegir jueces, magistrados y ministros mediante una votación directa controlada. Además, tiene dominio total sobre los órganos electorales desde sus niveles más altos. Instituciones autónomas como el Instituto de Transparencia han desaparecido, mientras que los partidos políticos han perdido peso y no representan un contrapeso efectivo frente al bloque oficial.
Grupos cristianos se han alineado con la Cuarta Transformación (4T), y la Iglesia Católica no ha emitido manifestaciones públicas al respecto. Por su parte, la mayoría de los empresarios mantienen una relación cercana con Palacio Nacional, dejando a los medios de comunicación como el único contrapeso real, aunque ahora enfrentan intentos de control mediante esta nueva regulación.
Detalles del anteproyecto y su alcance
El anteproyecto presentado contempla multas y sanciones para concesionarios de radio y televisión que vulneren derechos de las audiencias. La propuesta permitiría que cualquier persona presente quejas para censurar contenidos de noticieros o comunicadores, lo que ha generado preocupación sobre posibles limitaciones a la libertad de expresión.
Esta regulación afectaría a estaciones comerciales, públicas y sociales de radio y televisión, incluyendo radio abierta, televisión abierta, televisión restringida, servicios de audio restringido y empresas programadoras. Sin embargo, la prensa escrita, medios digitales, portales informativos y redes sociales quedaron fuera del alcance de esta propuesta debido a los límites legales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Proceso de quejas y consulta pública
El proyecto establece un procedimiento para reclamar contenidos falsos, descontextualizados, publicidad no identificada o la presentación de opiniones como noticias. Una queja no implica una multa automática; primero interviene la defensoría de audiencias del medio afectado y, si no se resuelve, la CRT puede intervenir y, en casos extremos, imponer sanciones.
La consulta pública sobre esta propuesta estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, periodo durante el cual ciudadanos, concesionarios, organizaciones y especialistas podrán presentar observaciones y comentarios.
Obligaciones para concesionarios y comunicadores
El anteproyecto está integrado en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obliga a los concesionarios a expedir códigos de ética y proteger los derechos de las audiencias. Estos códigos deben respetar la libertad de expresión, la libertad editorial y prohibir la censura previa.
Además, los comunicadores deberán advertir claramente cuándo están expresando una opinión y cuándo están informando una noticia, buscando mayor transparencia en la comunicación.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclaró que las sanciones serán una última instancia, aplicándose solo cuando no se atiendan las recomendaciones previas. Por ahora, la medida está en consulta y no puede aplicarse como norma definitiva.