La participación activa de las comunidades indígenas es fundamental en las consultas que buscan enriquecer la propuesta de Ley Indígena, destacó Alberto Mellado Moreno.
Actualmente, en México se llevan a cabo 80 asambleas simultáneas como espacios regionales donde representantes, autoridades y habitantes de pueblos originarios pueden conocer avances y aportar opiniones y sugerencias. Estas consultas forman parte de un proceso amplio que incluye asambleas, mesas de trabajo y espacios de diálogo con autoridades de distintas regiones del país.
La propuesta de Ley Indígena ha sido elaborada con la participación del Consejo Nacional Indígena, un consejo asesor, especialistas en pueblos originarios y aportaciones directas de las comunidades. Este documento contempla modificaciones a más de 450 artículos de la Constitución, buscando fortalecer el marco jurídico nacional.
Tras la reforma al artículo segundo constitucional durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los pueblos originarios fueron reconocidos como sujetos de derecho. Este proceso representa un avance en la lucha generacional por el reconocimiento de sus derechos.
Alberto Mellado Moreno señaló que “si le ponemos más ganas todavía a la participación desde abajo de la gente, de involucrarse en conocer, en escuchar, en participar, en sugerir, seguramente vamos a tener, no nomás en aspectos de pueblos originarios, sino en toda la legislación a nivel nacional, mejores leyes donde se vea reflejada nuestra vida real”.
El antecedente del movimiento zapatista de 1994 en Chiapas visibilizó la marginación y falta de reconocimiento de las comunidades indígenas, lo que ha impulsado procesos como el actual para fortalecer sus derechos.
Involucrar a más habitantes en estas consultas permitirá consolidar una legislación que refleje las necesidades y realidades de los pueblos originarios en México.
