El Paquete Económico 2027 fue entregado al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2026 por la Secretaría de Hacienda. Claudia Sheinbaum aseguró que esta propuesta no contempla nuevos impuestos ni aumentos en el precio de la gasolina.
Medidas contra evasión fiscal
El Gobierno federal buscará fortalecer sus ingresos combatiendo la evasión y elusión fiscal. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que el paquete incluye acciones para combatir a las empresas factureras y reducir prácticas de evasión sin aumentar impuestos.
Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el SAT publicó más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial de la Federación y bloqueó a más de 38 mil empresas relacionadas con operaciones ficticias.
El paquete propone mecanismos para controlar deducciones y pérdidas fiscales derivadas del uso de facturas presuntamente falsas. Además, Claudia Sheinbaum adelantó una Ley de Economía Digital para disminuir el uso de efectivo y fomentar transacciones electrónicas.
Déficit y deuda pública
El Paquete Económico 2027 plantea reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público del 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027. La deuda se mantendrá en niveles responsables, con una estrategia para estabilizarla y disminuir gradualmente el déficit.
Crecimiento y gasto público
Hacienda estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% en 2027, apoyada por el mercado interno, la inversión pública y privada, y una mayor contribución del sector externo. Para 2026, la previsión de crecimiento se redujo a un rango de 1% a 2%.
El gasto público aumentará en sectores clave: educación (10.7%), ciencia (13%), salud (11.3%), seguridad (11.5%) y campo (20.6%). Además, el proyecto contempla recursos para programas sociales que atenderán a cerca de 43 millones de personas, equivalentes a 2.6% del PIB.
Inversión pública
Se prevé una inversión pública y mixta de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030, enfocada en proyectos energéticos, hidráulicos, logísticos y de transporte.
Sheinbaum destacó que la reducción del déficit no implicará sacrificar programas o actividades sustantivas del Gobierno, sino un uso más eficiente del gasto.