México ha avanzado en la protección financiera frente a desastres naturales, complementando recursos presupuestales con seguros y reaseguros internacionales para acelerar la recuperación tras eventos como sismos o huracanes.
Desde hace más de veinte años, el país utiliza instrumentos como seguros catastróficos, bonos catastróficos y reaseguros internacionales, que permiten transferir parte del riesgo financiero y disponer de recursos oportunos para la reconstrucción de infraestructura esencial.
Una herramienta clave en este esquema son los seguros paramétricos, que se activan automáticamente al cumplirse indicadores específicos, como la magnitud de un sismo, sin esperar la evaluación de daños. Esto facilita la disponibilidad rápida de fondos para reparar carreteras, hospitales, sistemas de agua y energía.
Estos seguros no indemnizan directamente a personas o empresas, sino que protegen las finanzas públicas para garantizar la continuidad de servicios básicos y acelerar la recuperación económica y social.
La resiliencia del país no depende únicamente de estos seguros, sino también de acciones preventivas como la reducción de vulnerabilidades, el ordenamiento territorial y el cumplimiento de normas de construcción.
Además, la transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para asegurar que los recursos se utilicen adecuadamente y fortalecer la confianza en los mecanismos de protección financiera.