La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de su presunta responsabilidad en bloqueos y protestas que paralizaron el país durante más de 50 días entre mayo y junio de 2026.
Acusaciones y contexto de la investigación
La orden de aprehensión se enmarca en una investigación por delitos como terrorismo, alzamiento armado, atentados contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y ataques contra servicios públicos. Las movilizaciones promovidas por Morales provocaron bloqueos en carreteras que afectaron amplias zonas del territorio nacional.
Estas protestas generaron un desabasto significativo de alimentos, combustibles, medicinas y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas millonarias. Las autoridades atribuyen a estas movilizaciones al menos 16 muertes.
Denuncias y reacciones
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que acusó a Morales de liderar acciones para desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz. Morales rechazó las acusaciones y calificó la orden de captura como una persecución política.
En su cuenta en la red social X, Morales afirmó que las autoridades buscan responsabilizarlo de las protestas para ocultar la crisis económica y social que atraviesa Bolivia. “No nos van a intimidar”, declaró en respuesta a la nueva orden emitida el 29 de julio de 2026.
Situación actual y antecedentes legales
Desde mayo de 2026, Morales permanece en la región del Chapare, protegido por sus simpatizantes, mientras la justicia boliviana intenta ejecutar las órdenes de aprehensión en su contra. Esta orden se suma a otra emitida en mayo por un tribunal de Tarija, relacionada con un caso de presunta trata agravada de personas.