El Gobierno de México inició una consulta pública desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto de 2026 para recabar opiniones sobre mecanismos que permitan a televidentes y radioescuchas ejercer sus derechos frente a concesionarios de radio y televisión. Esta iniciativa busca definir los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que serán emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Objetivos y contexto de la consulta
Jorge Bravo Torres Coto, representante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, destacó la importancia de proteger los derechos de las audiencias sin censura hacia los medios de comunicación. Señaló que México lleva 13 años sin una regulación efectiva en este ámbito, a pesar de que estos derechos fueron contemplados en la reforma constitucional de 2013 y plasmados en la ley secundaria en 2014, aunque posteriormente algunos legisladores revirtieron varios de ellos.
El gobierno federal aclaró que el propósito no es controlar los contenidos de radio y televisión, sino establecer reglas que permitan hacer efectivos los derechos de las audiencias y que las personas puedan exigir su cumplimiento.
Debate y opiniones encontradas
En el portal de la consulta pública se han registrado diversas opiniones. Nancy Paola Millán Barajas afirmó que los artículos 6° y 7° de la Constitución son claros y no requieren regulación adicional. Por su parte, Juan Martín Gutiérrez expresó un rechazo categórico al anteproyecto, calificándolo de autoritario y atentatorio contra la libertad de expresión y la pluralidad informativa.
En contraste, Iván Martínez Sánchez apoyó la iniciativa, argumentando que es necesaria para regular los medios y evitar la difusión de falsedades, calumnias, desinformación y manipulación de la opinión pública. Joaquín Federico Cadena destacó la importancia de contar con evidencia de quejas y transparencia en el proceso para evitar bloqueos legales injustificados.
Preocupaciones sobre control de narrativa
Jorge Bravo Torres Coto también mencionó que existen declaraciones gubernamentales que buscan controlar la narrativa de los medios electrónicos. Citó que la presidenta ha señalado que los medios deben hablar con la verdad y ha criticado a concesionarios y periodistas, lo que genera inquietud sobre la intención real de estos lineamientos.
Además, explicó que uno de los derechos que genera mayor preocupación es la distinción entre la opinión del comunicador y la noticia basada en hechos, algo que algunos consideran difícil de separar, aunque en regulaciones previas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se establecían marcas visibles para identificar opiniones en televisión y marcas sonoras en radio.