El Tribunal de Disciplina Judicial sancionó al juez federal de Colima; la JUFED advierte riesgos para la independencia judicial y denuncia presiones políticas.
El juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Colima, fue destituido e inhabilitado temporalmente por un año por decisión del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La sanción se dictó tras una controversia derivada de resoluciones emitidas entre julio y octubre de 2022, en las que el juez redujo las penas propuestas por la Fiscalía General de la República en cuatro causas penales federales, pasando de cuatro años y dos meses a tres años y cuatro meses de prisión.
El juez argumentó que la Fiscalía no consideró la ausencia de antecedentes penales de los procesados al solicitar las penas. Aunque un tribunal unitario de apelación en Colima revocó sus fallos, tribunales de alzada en Jalisco y juzgados de amparo avalaron la interpretación jurídica de Sigales Obrador Garrido en casos similares. El fallo del TDJ reconoció que no hubo daño patrimonial ni beneficio personal para el juez.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó respaldo y solidaridad con el juez, expresando preocupación por que la resolución refuerce un ánimo represor contra los juzgadores de carrera y socave la independencia judicial. La JUFED sospecha que el Tribunal de Disciplina Judicial actuó por consigna política e intereses partidistas.
El procedimiento sancionador estuvo precedido por descalificaciones públicas en conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. El 3 de noviembre de 2025, el TDJ presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el juez por presuntos delitos contra la administración de justicia, el mismo día en que Sheinbaum se refirió públicamente a un caso de liberación en Colima. El Tribunal asumió simultáneamente el rol de denunciante penal mientras la causa disciplinaria seguía abierta.
La defensa del juez, encabezada por el abogado Arturo Guerrero Zazueta, señaló irregularidades en el manejo de medidas cautelares y plazos procesales. Según la defensa, una comisión de investigación suspendió provisionalmente al juez sin atribuciones formales y prolongó la suspensión sin notificar ni entregar actas solicitadas oportunamente.
El juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido rechazó cualquier señalamiento de corrupción o conducta indebida, afirmando que su actuación buscó equilibrar la tutela de derechos humanos y el debido proceso frente al uso excesivo de prisión preventiva. Además, advirtió que el uso del aparato disciplinario y penal por razones de criterio busca infundir temor e intimidar a otros juzgadores federales.