Solicitan revisar adjudicación de 7,500 millones de dólares y posibles exenciones legales en proyectos que afectan áreas protegidas.
Un grupo de 23 congresistas demócratas de Estados Unidos pidió al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional investigar la adjudicación de cinco contratos para infraestructura fronteriza en la región de Big Bend, Texas. La solicitud, encabezada por la congresista texana Verónica Escobar y respaldada por legisladores como Lloyd Doggett, Greg Casar y Joaquín Castro, fue dirigida a Joseph Cuffari, inspector general de la dependencia.
Los contratos en cuestión suman cerca de 7,500 millones de dólares y fueron asignados principalmente a tres empresas. Barnard Construction recibió dos adjudicaciones por mil millones y 960.4 millones de dólares, mientras que Fisher Sand & Gravel obtuvo contratos por mil 200 millones y 2 mil 600 millones de dólares. El quinto contrato, por mil 700 millones de dólares, fue otorgado a Southwest Valley Constructors para trabajos relacionados con el Parque Nacional Big Bend.
La carta de los legisladores solicita esclarecer si el Departamento de Seguridad Nacional recurrió a exenciones de disposiciones legales, ambientales y de protección histórica para acelerar las obras. También piden determinar si existió competencia suficiente en el proceso de adjudicación, si el gasto fue justificado y si las condiciones de los proyectos cambiaron después de ser adjudicados.
Entre los motivos de preocupación, los congresistas señalaron posibles conflictos de interés. Tim Barnard, presidente de Barnard Construction, y su esposa aportaron alrededor de un millón de dólares a un comité de recaudación de fondos de la campaña de Donald Trump en 2024. Además, Fisher Sand & Gravel ya había sido cuestionada durante el primer mandato de Trump por su relación con el entonces presidente y la obtención de contratos fronterizos.
Las obras han generado oposición de organizaciones ambientalistas, propietarios de terrenos y habitantes de la región, quienes advierten sobre posibles daños a áreas naturales protegidas. El Parque Nacional Big Bend, que abarca más de 324 mil hectáreas junto a la frontera con México, alberga ecosistemas únicos, especies amenazadas y sitios arqueológicos.
Los congresistas solicitaron que el inspector general responda y presente un calendario de investigación a más tardar el 20 de noviembre de 2026, y que los resultados de la indagatoria sean públicos.
