La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la transferencia de sus atribuciones a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha generado preocupación sobre el control político en la regulación de medios en México.
El IFT era un órgano autónomo, técnico y especializado que funcionaba como contrapeso frente al poder político. Su desaparición y la creación de la CRT, dependencia del gobierno federal, han puesto en duda la independencia del nuevo regulador.
La presidenta de la República anunció y defendió los nuevos Lineamientos para concesionarios de radio y televisión. Estos incluyen obligaciones sobre defensorías, accesibilidad, la distinción entre publicidad y programación, y la separación entre hechos noticiosos y opiniones.
Los Lineamientos incorporan conceptos subjetivos como ‘veracidad’ e ‘inexactitud’, con sanciones que pueden alcanzar hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas. La CRT es la encargada de vigilar el cumplimiento de estas normas.
En México, la regulación formal del derecho de las audiencias comenzó con la reforma de 2013-2014. En 2016 se emitieron los primeros Lineamientos, que perdieron vigencia tras una reforma en 2017. En 2025 se estableció un nuevo marco regulatorio.
Existe incertidumbre sobre el control político sobre el Poder Judicial, lo que aumenta el riesgo para la libertad de expresión en el país.