La figura del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, vuelve a ser protagonista en el contexto político actual de la llamada Cuarta Transformación (4-T). Ruffo enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con el “huachicol fiscal”, situación que ha generado diversas interpretaciones sobre la aplicación de la justicia en el gobierno federal.
Este caso ha sido señalado como un ejemplo de la vigencia de la frase atribuida a Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Según analistas, el proceso contra Ruffo podría tener un trasfondo político, pues se considera que busca afectar a dos partidos de oposición, el PAN y el emergente “SomosMX”. Además, se ha sugerido que esta situación desvía la atención pública de otros escándalos recientes, como los relacionados con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y sus vínculos con funcionarios estadounidenses.
Ernesto Ruffo fue el primer gobernador de oposición que rompió la hegemonía del PRI en 1989, un hecho histórico que abrió el camino para la alternancia política en México. Sin embargo, en la visión de algunos sectores del gobierno actual, quienes no comparten su línea política son considerados adversarios, lo que se traduce en persecución judicial selectiva.
Por otro lado, se cuestiona la falta de acciones legales contra figuras prominentes del propio gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente casos de corrupción como el fraude en Segalmex, que implicó pérdidas millonarias, pero no se ha procedido contra los responsables, quienes mantienen vínculos cercanos con el mandatario. Además, se han señalado presuntos conflictos de interés y tráfico de influencias en su entorno familiar y político, sin que se hayan iniciado investigaciones formales.
En el actual sexenio, también han surgido cuestionamientos sobre la protección a personajes como el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, vinculado a operadores del “huachicol fiscal”; el senador Adán Augusto López, relacionado con figuras del crimen organizado; y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por supuestos nexos con el narcotráfico. A pesar de estas acusaciones, no se han registrado acciones legales contundentes.
En contraste, otros opositores como Rosario Robles Berlanga y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, han enfrentado procesos judiciales y presiones políticas, lo que refuerza la percepción de un trato desigual en la aplicación de la justicia.
En el ámbito internacional, la DEA y autoridades de Estados Unidos han emitido advertencias sobre la posible colusión de políticos mexicanos con el narcotráfico, señalando directamente a funcionarios vinculados con la 4-T. Estas declaraciones se suman a las críticas de políticos estadounidenses que vinculan a la actual administración con el control de los cárteles en México, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado estas afirmaciones.
Este contexto político y judicial se desarrolla en un momento clave, con elecciones próximas en Estados Unidos que podrían influir en la relación bilateral y en la presión sobre funcionarios mexicanos involucrados en escándalos de corrupción y crimen organizado.