La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existe un riesgo real de intervención extranjera en los procesos electorales de México, en el contexto de una reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados que contempla anular elecciones si se comprueba dicha injerencia.
La reforma al artículo 41 constitucional, impulsada por Morena y sus aliados, establece que una elección podrá ser anulada cuando se confirme la participación de actores extranjeros en el proceso electoral. La medida fue aprobada con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, y ahora será enviada al Senado para su análisis.
Durante la misma sesión, los diputados aprobaron cambios a la reforma judicial que posponen la elección de jueces, magistrados y ministros de 2027 a 2028, con el fin de mejorar el modelo actual y evitar coincidencia con otros procesos electorales. También se incorporaron nuevos mecanismos para revisar candidaturas judiciales, aunque la oposición cuestiona la efectividad de estas modificaciones.
Una de las decisiones más controvertidas fue la aprobación de una reserva que permitirá a los magistrados electorales en funciones competir por un nuevo periodo de seis años en 2028, lo que podría extender su permanencia hasta 2034. Esta medida fue defendida por Morena como necesaria para garantizar estabilidad institucional, mientras que la oposición advirtió sobre riesgos para la renovación de los órganos jurisdiccionales.
La nueva causal de nulidad electoral ha generado debate, ya que sus promotores buscan proteger la soberanía nacional, pero críticos piden definir claramente los criterios para acreditar una intervención extranjera. Las reformas aún deben ser aprobadas por el Senado y por la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor, además de que faltan las leyes secundarias que regulen su aplicación.