La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la prohibición de la operación de escuelas militarizadas privadas en todo México, instruyendo su cierre antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el 31 de agosto de 2026.
Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, solicitó a las autoridades educativas de las 32 entidades revisar las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los planteles que implementan modelos educativos con características militarizadas. Las instituciones identificadas deberán suspender actividades y comenzar los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.
Además, estas escuelas están obligadas a entregar de inmediato la documentación académica de los estudiantes, incluyendo certificados parciales o totales, y realizar reembolsos por pagos pendientes relacionados con servicios no otorgados, como reinscripciones, uniformes y materiales escolares.
Contexto y fundamentos de la medida
Mario Delgado explicó que esta decisión se alinea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que promueve el desarrollo integral, el respeto a los derechos humanos y una cultura de paz. Subrayó que la formación con carácter militar corresponde exclusivamente a las instituciones educativas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargadas de preparar al personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
La medida se tomó tras el caso de la Academia Militarizada “Marina Doenitz” en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde una adolescente llamada Dafne Zapata falleció durante un campamento organizado por la institución. Familiares de la joven denunciaron presuntos actos de violencia física y posibles omisiones en los protocolos de seguridad durante el curso de verano.
Este incidente generó cuestionamientos por parte de autoridades educativas y la sociedad civil sobre la regulación de las instituciones privadas que aplican modelos de disciplina militar. La SEP busca establecer límites claros para este tipo de esquemas educativos y garantizar que los servicios escolares autorizados operen bajo los principios del Sistema Educativo Nacional.