La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora aclaró que en el estado no hay escuelas con modelo militarizado incorporadas al sistema educativo estatal ni con reconocimiento oficial. Esta declaración se dio a conocer el 30 de julio de 2026, en respuesta a inquietudes sobre la presencia de este tipo de instituciones en la entidad.
Supervisión y normatividad educativa en Sonora
Beatriz Cota Ponce, representante de la SEC, explicó que la dependencia mantiene una supervisión constante sobre las escuelas incorporadas para asegurar que cumplan con la legislación educativa vigente y el modelo pedagógico establecido. La incorporación al sistema educativo estatal exige que las instituciones cumplan con requisitos legales y pedagógicos que las escuelas con esquema militarizado no alcanzan.
La SEC enfatizó que no es posible otorgar reconocimiento oficial a planteles que operen bajo un modelo militarizado, ya que no se ajustan a las disposiciones educativas que rigen en Sonora. Por ello, ninguna escuela con estas características forma parte del sistema educativo supervisado por la Secretaría.
Asociaciones civiles y formación militarizada
En Sonora existen asociaciones civiles que ofrecen formación con un enfoque militarizado, pero estas no están incorporadas ni supervisadas por la SEC. La Secretaría no tiene jurisdicción sobre el funcionamiento de estas organizaciones, por lo que su labor se limita a las instituciones educativas oficiales.
Hace algunos años, se detectó un plantel con esquema militarizado que fue cerrado por instrucciones del gobernador del Estado, debido a que no cumplía con las disposiciones de la autoridad educativa. Este caso refuerza la postura de la SEC sobre la importancia de respetar la normatividad para garantizar la calidad educativa.
Garantía para padres y estudiantes
La supervisión que realiza la SEC sobre las escuelas incorporadas ofrece certeza a madres, padres de familia y estudiantes respecto a la validez y calidad de las instituciones educativas en Sonora. La dependencia continúa con su labor de revisar que los planteles particulares cumplan con los requisitos para su incorporación y permanencia en el sistema educativo estatal.