La reforma constitucional que pospone la elección de jueces hasta el año 2028 fue aprobada por 25 congresos estatales, consolidando el cambio a nivel nacional.
Esta modificación legal retrasa el proceso electoral para la designación de jueces, extendiendo su mandato vigente hasta la nueva fecha establecida.
La medida busca armonizar los tiempos electorales y fortalecer la administración de justicia en el país, según los legisladores que respaldaron la reforma.
Con el aval de la mayoría de los congresos estatales, la reforma se considera constitucional y entrará en vigor conforme a los procedimientos establecidos.