La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enfrentado diversas polémicas durante su primer año de funcionamiento. El pleno está integrado por nueve ministros electos por voto popular, entre ellos Hugo Aguilar, presidente actual, quien fue elegido con 6,195,612 votos y cuyo mandato se extiende al menos hasta septiembre de 2027.
Organización y presidencia
La reforma judicial de 2024 modificó el artículo 94 constitucional para establecer que la presidencia de la SCJN debe renovarse cada dos años de manera rotatoria según votos obtenidos. Sin embargo, el artículo 97 establece que el pleno debe elegir al presidente cada cuatro años. Esta contradicción no fue corregida en la reforma enviada por el Ejecutivo en mayo de 2026, lo que ha generado debates internos. La ministra Lenia Batres sostiene que le corresponde asumir la presidencia en septiembre de 2027, mientras un bloque mayoritario de al menos seis ministros prefiere que el pleno elija al sucesor conforme al artículo 97. Las opciones incluyen extender el periodo de Aguilar a cuatro años o elegir a Yasmín Esquivel en 2027 o 2029.
Uso de recursos públicos
En 2025, la SCJN adquirió un lote de nueve camionetas Jeep blindadas, una para cada ministro, con un valor aproximado de 2.4 millones de pesos cada una. La compra se justificó por seguridad, pero el 25 de enero los ministros anunciaron que no usarían los vehículos y solicitaron que se devolvieran o se asignaran a juzgadores con mayores riesgos. Finalmente, las camionetas quedaron en manos de esos juzgadores.
En cuanto al seguro médico, a finales de 2025 la Corte canceló seguros privados de gastos médicos, pero en enero de 2026 firmó un convenio con el ISSSTE para atención especializada. El 6 de agosto, seis ministros aprobaron reincorporar un seguro de gastos médicos mayores con recursos públicos para el personal del tribunal, excluyendo a los ministros. Esta decisión fue criticada por la ministra Batres y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Comportamiento y controversias internas
Se registraron errores en votaciones, como el pago retroactivo de pensiones de trabajadores de la CFE en enero de 2026, que fue corregido. Ministros como Estela Ríos y Lenia Batres han sido señalados por errores en pronunciamientos y presentación de proyectos. En febrero de 2026, el pleno revocó un amparo que impedía ejecutar una orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, con cuestionamientos al proyecto de Batres.
En junio y agosto, proyectos de Batres sobre víctimas de delitos sexuales y contradicciones de criterios generaron desacuerdos y acusaciones de “animadversión insana”, lo que llevó a la retirada de uno de sus proyectos. La ministra Yasmín Esquivel pidió mantener el debate en términos jurídicos.
En febrero de 2026, dos colaboradores fueron captados limpiando el zapato del presidente Aguilar durante una ceremonia en Querétaro. La directora de Comunicación Social explicó que fue por un accidente con café, y Aguilar pidió que no continuara la acción y ofreció disculpas públicas.
En noviembre de 2025, Lizeth Karina Villeda García renunció tras revelarse que usaba su oficina y tiempo laboral para grabar contenido personal como coach. En mayo de 2026, dos abogadas adscritas a la ponencia de Irving Espinosa Betanzo grabaron videos promocionales de una marca de botanas dentro de las oficinas, sin autorización, y presentaron su renuncia irrevocable.
Estas situaciones mantienen en debate la organización, el uso de recursos públicos y el comportamiento dentro de la Suprema Corte.