El siniestro del 1 de noviembre de 2025 dejó víctimas, heridas emocionales y económicas, y mantiene abiertos procesos judiciales y reformas en protección civil.
El 1 de noviembre de 2025, una explosión de transformador provocó un incendio en la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, que resultó en la muerte de 24 personas. De las víctimas, 23 fallecieron en el sitio y un adulto mayor, Marco Segundo Reyes, murió días después en un hospital tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo. Más de una docena de personas resultaron heridas y recibieron atención médica tanto en Hermosillo como en Estados Unidos; entre ellas, María Isabel fue trasladada vía aérea a Phoenix, Arizona, para tratamiento avanzado.
Las víctimas mortales incluyen a Carmelita, Edith y su hija Corina, Carlos, Marcos González, Maribel, Alejandro, Lupita, Jesús y Guadalupe, Johana, María Luz y Joaquín, Ana María, Zelma y sus hijos Danna y Rafael, Karla y sus hijos José de Jesús y Diego, Julio César y María Guadalupe, Marcos Reyes y una mujer no identificada. El oficial Genaro Rivera Sierra, de la Policía Municipal de Hermosillo, fue uno de los primeros en responder y fue reconocido como Policía del Año por su labor durante el incidente.
Secuelas emocionales y económicas en el centro de Hermosillo
Carlos Faz, presidente del Patronato Pro Obras del Centro Histórico, señaló que el centro de Hermosillo sigue de luto y con afectaciones económicas un año después del incendio. Entre diciembre de 2025 y junio de 2026 se reportaron dificultades económicas, incluyendo baja de personal y cierre de negocios en la zona.
Procesos penales y reforma en protección civil
Al 13 de octubre de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha ejecutado acción penal contra 25 personas físicas y una persona moral por delitos relacionados con el incendio, incluyendo homicidio culposo, lesiones culposas, daño en propiedad ajena y aborto. Entre los acusados se encuentran responsables de la empresa, profesionales que alteraron requisitos para permisos, y servidores públicos municipales y estatales. Hasta la fecha, no hay personas encarceladas y el caso está en manos del Poder Judicial para resolver responsabilidades.
En respuesta al siniestro, el gobernador Alfonso Durazo Montaño promovió una reforma constitucional en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, aprobada por el Congreso de Sonora el 8 de octubre de 2026. La reforma crea el Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con autonomía técnica y financiera, y establece mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, Ricardo Ballesteros López, asesor jurídico de víctimas, expresó desacuerdo con la reforma por posibles dificultades para exigir responsabilidades patrimoniales al Estado.
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