La medida afecta a quienes aún no han ingresado al esquema y busca proteger la viabilidad financiera del sistema de pensiones.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha decidido restringir el salario tope para inscribirse o reinscribirse en la Modalidad 40, una medida que responde a la existencia de un déficit financiero y actuarial en el sistema. Esta decisión impacta directamente a quienes aún no han ingresado a este esquema, que permite a los trabajadores aportar con recursos propios para elevar su base salarial de cotización y aspirar a una pensión más alta.
La Modalidad 40, contemplada en la Ley del Seguro Social, está dirigida a personas que han perdido su empleo formal o buscan complementar sus cotizaciones, permitiéndoles seguir aportando cuotas obrero-patronales de manera voluntaria. El IMSS justificó la restricción argumentando la necesidad de garantizar la viabilidad financiera, combatir simulaciones y proteger las finanzas públicas.
El instituto reconoció que no realizó los cálculos financieros y actuariales adecuados al operar y proyectar la Modalidad 40, lo que calificó como una “negligencia técnica grave”. Además, señaló que la crisis financiera que enfrenta el sistema de pensiones en México no se originó por las pensiones generadas bajo este esquema, sino por problemas administrativos y estructurales acumulados durante años.
Entre los factores que han debilitado la capacidad financiera del IMSS se encuentran el desperdicio e ineficiencia operativa, compras con sobreprecio, subejercicios presupuestales, contrataciones opacas y la falta de consolidación de cuotas en fondos de reserva invulnerables, ya que estos recursos se destinaron al gasto corriente del Estado. También se identificó corrupción sistémica y clientelismo sindical como causas que impidieron la construcción de reservas técnicas suficientes.
El IMSS enfrenta actualmente un dilema existencial, ya que la modificación retroactiva de las reglas podría derivar en litigios masivos. Ante este panorama, se han propuesto varias medidas, entre ellas una auditoría actuarial y administrativa independiente para revisar el manejo de reservas y responsabilidades, una reforma integral del gasto corriente para reducir la burocracia y transparentar el uso de recursos, así como una aportación federal garantizada y progresiva para asumir el costo de la transición democrática y la Ley 73.
Finalmente, se plantea que cualquier cambio en la cotización voluntaria contemple una transición justa e informada, con periodos de gracia y esquemas graduales para no afectar de manera abrupta a los trabajadores que buscan asegurar una pensión digna.