La acción legal colectiva fue presentada en 2025 contra el Departamento de Seguridad Nacional por prácticas que, según los fiscales, afectan a comunidades y vulneran derechos.
Fiscales generales de 21 estados y el Distrito de Columbia presentaron un escrito amicus curiae en respaldo a una demanda colectiva interpuesta en 2025 contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. La demanda impugna la práctica de realizar detenciones migratorias civiles sin orden judicial, argumentando que los agentes federales no cumplen con los requisitos legales de causa probable ni evalúan el riesgo de fuga antes de proceder con los arrestos.
Los fiscales sostienen que la legislación federal exige una evaluación individualizada y la existencia de causa probable para emitir órdenes de detención migratoria, condiciones que, según denuncian, no se cumplen habitualmente. Además, señalaron que en muchos operativos los agentes utilizan pasamontañas, gafas oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos, y que algunos se niegan a identificarse, lo que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas.
De acuerdo con el escrito, estas prácticas han causado graves daños a las comunidades, afectando la salud pública, la seguridad, la educación y las economías locales. Entre las consecuencias documentadas se encuentran la separación de padres e hijos y la paralización de negocios. William Tong, fiscal general de Connecticut, afirmó que las acciones “hiperagresivas, apresuradas y caóticas” han provocado muertes y lesiones innecesarias.
Los fiscales también contrastaron las promesas del entonces presidente Donald Trump de enfocar las deportaciones en delincuentes violentos con la realidad de detenciones “plagadas de errores y sin fundamento”. La coalición de fiscales argumenta que los gobiernos estatales tienen un interés legítimo en que la aplicación de las leyes migratorias federales se ajuste a los límites legales establecidos por el Congreso, para proteger la confianza pública y la estabilidad comunitaria.
Los territorios representados por los fiscales albergan a más de 30 millones de migrantes, lo que equivale al 19 por ciento de la fuerza laboral estadounidense. El escrito presentado enfatiza que cada detención debe basarse en una evaluación individualizada de la situación migratoria y el riesgo de fuga, en cumplimiento del debido proceso.