En México, la aplicación de la justicia ha mostrado contrastes evidentes según la filiación política de los involucrados. Un caso reciente que ha generado atención es el proceso judicial contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), quien fue vinculado a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada y huachicol ferroviario.
Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido en Tijuana en un operativo con fuerte presencia policial. Fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano. La audiencia inicial del caso duró más de 30 horas, reflejando la severidad con que se ha manejado este proceso.
Este procedimiento se da en un contexto donde el gobierno federal busca mostrar avances en la lucha contra el crimen organizado, utilizando la detención de figuras políticas como un símbolo de su compromiso. Sin embargo, la situación contrasta con la falta de acciones legales similares contra gobernadores afines a la administración actual, como Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, quien ha enfrentado denuncias públicas por presuntos actos de corrupción y nepotismo, pero sin vinculación a proceso o medidas cautelares.
Este escenario ha reavivado el debate sobre la imparcialidad del sistema judicial mexicano y la percepción de un doble estándar en la aplicación de la ley. Históricamente, la justicia en México ha sido utilizada en ocasiones como una herramienta política para afectar a opositores mientras se protege a aliados del poder.
Durante el siglo XX, opositores políticos enfrentaron procesos judiciales severos, mientras que figuras cercanas al régimen priista gozaban de impunidad. Ejemplos como la persecución de Demetrio Sodi de la Tijera en los años setenta o el caso de Raúl Salinas de Gortari en los noventa evidencian esta dinámica.
En la etapa de alternancia política iniciada en 2000, gobiernos panistas también fueron señalados por emplear la justicia con fines políticos, afectando a líderes sindicales opositores y protegiendo a aliados. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, casos como el de la llamada “Casa Blanca” mostraron cómo investigaciones podían ser minimizadas cuando involucraban a personas cercanas al presidente.
Actualmente, aunque el gobierno de Morena sostiene que la justicia se aplica sin distinciones, la diferencia en el trato hacia políticos de distintos partidos genera cuestionamientos. La prisión preventiva de Ruffo Appel frente a la ausencia de procesos contra otros gobernadores con denuncias públicas refleja esta percepción.
Esta situación afecta la confianza ciudadana en las instituciones y refuerza la idea de que la justicia en México no opera con equidad, sino que puede estar influenciada por intereses políticos. La aplicación selectiva de la ley limita la función de la justicia como pilar fundamental de la democracia.
El desafío para México es fortalecer sus instituciones para que la justicia se administre con imparcialidad, sin importar la filiación política de los involucrados, y así garantizar un sistema legal que inspire confianza y promueva la equidad social.