La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República tras los hechos ocurridos el 11 de octubre, donde se reportaron 39 detenciones y uso de fuerza pública.
Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, presentó el 15 de octubre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. La denuncia, dirigida a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, solicita investigar presuntas detenciones arbitrarias, tortura y otros posibles delitos cometidos durante la protesta del 11 de octubre en Guadalajara, motivada por la mala calidad del agua potable que afecta a al menos 320 colonias desde 2019.
La manifestación, que reunió a miles de personas exigiendo agua limpia y segura, llegó a las inmediaciones de Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales. El Gobierno de Jalisco reportó la detención de 39 personas, así como 28 policías lesionados —dos de ellos de gravedad— y 31 civiles que requirieron atención médica. Durante la intervención policial se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.
La denuncia penal también incluye a directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y señala posibles delitos como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, omisión del servicio público, corrupción y peculado. Se solicitó investigar el uso de la fuerza pública y esclarecer las circunstancias de las detenciones, así como determinar si las personas arrestadas sufrieron daños físicos o psicológicos.
Algunas de las personas detenidas ya fueron liberadas, mientras que se pidió esclarecer la situación de quienes permanecen recluidos en el penal de Puente Grande. La denuncia busca que las autoridades federales determinen responsabilidades penales por la actuación de funcionarios y policías estatales durante la manifestación.