La administración pública en México enfrenta una profunda crisis caracterizada por la falta de reformas significativas y el aumento de prácticas como la corrupción y el nepotismo. Históricamente, el país contó con destacados reformadores que impulsaron cambios estructurales en la política y la administración, creando instituciones clave para el desarrollo social y económico. Sin embargo, en la actualidad, estos perfiles parecen ausentes y las instituciones públicas atraviesan múltiples dificultades para cumplir con sus funciones.
En el pasado, figuras como Antonio Ortiz Mena, Jaime Torres Bodet y Jesús Kumate contribuyeron a la creación y fortalecimiento de organismos como el IMSS, la Secretaría de Salud y la SEP, que ayudaron a erradicar enfermedades, ampliar la educación y fomentar el desarrollo. Estas reformas fueron vitales para garantizar la paz social y reducir desigualdades. Hoy, en cambio, los proyectos gubernamentales presentan retrocesos evidentes y no se observan iniciativas de reforma que respondan a las crisis actuales.
La falta de recursos y la mala administración del presupuesto complican aún más la operación de las administraciones públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal. La ausencia de un servicio civil de carrera sólido ha facilitado la proliferación de prácticas clientelares, donde la asignación de cargos se basa en relaciones familiares y políticas más que en méritos profesionales.
La corrupción persiste y se ha extendido a áreas donde antes era menos común, a pesar de las estrategias implementadas para combatirla, como la militarización de aduanas, puertos y aeropuertos. Esta situación se agrava con el debilitamiento de los órganos reguladores y la falta de transparencia en procesos como licitaciones públicas, donde el favoritismo y el contratismo son recurrentes.
El nepotismo se ha normalizado en las administraciones, con familiares y allegados ocupando puestos para los que no siempre cuentan con la preparación necesaria. Durante la actual administración federal, se ha señalado que la lealtad partidista ha sido priorizada sobre la capacidad técnica para el desempeño de cargos públicos, lo que refleja un cambio preocupante en los criterios de selección y gestión.
En resumen, la administración pública mexicana enfrenta retos estructurales que requieren atención urgente para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la eficiencia en el servicio público. La ausencia de nuevos reformadores y la persistencia de prácticas indebidas dificultan la implementación de políticas que respondan a las necesidades del país y de estados como Sonora.