Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso por un juez federal por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
El juez Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determinó que la Fiscalía General de la República presentó datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de Aguirre. Además, ratificó la prisión preventiva de oficio para el exmandatario.
Aguirre permanecerá en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso judicial. Se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que concluirá el 4 de diciembre.
La imputación señala que Aguirre presuntamente ordenó ocultar o destruir grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. Estos videos podrían registrar parte de las agresiones y la detención de los normalistas durante la noche de los hechos.
Nuevos testimonios indican que Aguirre habría instruido a integrantes de su gabinete y mandos del Poder Judicial estatal a desaparecer dichas grabaciones. La Fiscalía también relaciona a Ernesto Aguirre, sobrino del exgobernador, con el grupo Guerreros Unidos y con información sobre los hechos.
La defensa de Aguirre presentó 31 datos de prueba para desacreditar la versión de que recibió videos en Chilpancingo y ordenó destruirlos. Argumenta que Aguirre no estaba en Guerrero a la hora señalada, sino en la Ciudad de México en una reunión privada con Miguel Ángel Osorio Chong.
Felipe Martín Ornelas Rebollo declaró que trasladó a Aguirre a la Ciudad de México el 29 de octubre de 2014 alrededor de las 18:00 horas para dicha reunión. Blanca María del Rocío Estrada Ortega declaró que a las 20:30 horas entregó a Aguirre en Chilpancingo videos obtenidos de dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Según Ornelas Rebollo, Aguirre llegó a Chilpancingo cerca de las 23:00 horas y pasó la noche en Casa Guerrero.
Ángel Aguirre fue detenido el 6 de agosto por agentes federales. Sus abogados solicitaron una medida distinta a la prisión preventiva, incluida la domiciliaria, pero fue rechazada.
Durante los próximos cuatro meses, Fiscalía y defensa podrán presentar nuevos elementos de prueba para el proceso penal.