El Órgano de Administración Judicial tomó la decisión el 9 de noviembre de 2026 ante la persistencia del cierre de al menos 50 juzgados y tribunales federales.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación decidió abrogar el Acuerdo General que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial. Esta resolución se tomó durante una sesión extraordinaria del Pleno del OAJ celebrada el lunes 9 de noviembre de 2026, luego de que continuaran cerradas al menos 50 instalaciones de juzgados y tribunales federales a causa de protestas laborales.
El acuerdo abrogado, identificado como AG-POAJ-025/2026, había sido objeto de inconformidad entre los trabajadores judiciales, lo que derivó en protestas y la suspensión de actividades en diversas sedes. Previamente, el sábado 7 de noviembre de 2026, dirigentes de tres sindicatos del Poder Judicial y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvieron una reunión en la que se establecieron tres compromisos para modificar disposiciones del acuerdo que generaban rechazo entre el personal.
Entre los compromisos asumidos estaba que la evaluación del desempeño tendría como objetivo fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, eliminando cualquier referencia sancionatoria o que implicara separación del cargo. También se acordó eliminar la posibilidad de evaluaciones extraordinarias a solicitud de titulares de órganos jurisdiccionales y modificar los porcentajes que pudieran introducir factores de subjetividad. Además, se pactó publicar a la brevedad las modificaciones sustantivas en el Diario Oficial de la Federación.
A pesar del compromiso sindical de reanudar actividades el lunes 9 de noviembre, al momento del comunicado permanecían cerradas al menos 50 instalaciones judiciales. Ante la falta de normalización en el servicio, el OAJ resolvió abrogar en su totalidad el acuerdo en vez de continuar con el proceso de modificación.
El OAJ justificó la abrogación señalando la necesidad de privilegiar el cumplimiento del mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita. Asimismo, reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia, la continuidad de los servicios judiciales y la atención adecuada a la ciudadanía.