En México, la resistencia legal al registro obligatorio de celulares sigue en aumento, con más de 7 mil personas que han presentado amparos para evitar esta medida.
El registro obligatorio busca controlar el uso de dispositivos móviles, pero ha generado preocupación entre usuarios que consideran que afecta su privacidad y derechos.
Las autoridades enfrentan un creciente número de recursos legales que cuestionan la constitucionalidad de esta obligación, lo que complica su implementación a nivel nacional.