La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, designó recientemente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo, una acción que ha generado controversia y cuestionamientos sobre la autonomía del órgano electoral. Esta decisión se da en el contexto de una reforma electoral aprobada a finales de 2024, que facultó a la presidencia del INE para realizar estos nombramientos de manera unilateral, eliminando la colegialidad que históricamente había caracterizado al instituto.
La reforma impulsada por Morena y sus aliados modificó la legislación electoral para otorgar a la presidenta del INE un control absoluto sobre la estructura técnica y operativa, incluyendo la integración de la Junta General Ejecutiva, órgano clave en la dirección institucional. Esta medida representa un retroceso respecto a las disposiciones de 1993, cuando se estableció que los nombramientos debían ser colegiados para evitar la influencia del Poder Ejecutivo en el órgano electoral.
Desde su toma de posesión en 2023, Guadalupe Taddei ha enfrentado resistencia interna por su intención de imponer criterios políticos sobre la especialización técnica. La reforma legal que la respalda busca evitar obstáculos a su gestión y blindar su autoridad, aunque seis consejerías impugnaron esta modificación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, el máximo tribunal desestimó la demanda, reforzando el control unipersonal.
Los recientes nombramientos incluyen la asignación de áreas estratégicas como la fiscalización de partidos políticos al consejero Jorge Montaño, vinculado al grupo político de Tabasco y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Expertos advierten que la concentración del poder en perfiles con lealtad política pone en riesgo la imparcialidad y confianza en el proceso electoral.
Este cambio en la estructura del INE implica un debilitamiento de la colegialidad y profesionalización que habían sido pilares fundamentales para garantizar elecciones transparentes y confiables en México. La captura política del órgano electoral podría afectar la percepción pública y la legitimidad de futuros comicios, un escenario que recuerda prácticas autoritarias del pasado.
La situación plantea un desafío para la democracia mexicana y la defensa de la autonomía institucional, especialmente en un contexto donde la vigilancia ciudadana y la participación política son esenciales para el fortalecimiento del sistema electoral y la confianza en sus resultados.