El inmueble de El Pedregal, señalado como centro de acuerdos irregulares, no presenta sellos ni vigilancia tras más de un mes de revelaciones.
La residencia ubicada en Picacho 259, en la colonia El Pedregal de Ciudad de México, permanece abandonada y sin vigilancia oficial más de un mes después de que se reveló su presunta vinculación con una red de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE). El inmueble, propiedad del empresario José Alfredo Hernández Casillas, fue señalado como el lugar donde se pactaban acuerdos irregulares relacionados con la entrega de contratos públicos y la designación de titulares en organismos electorales.
Durante una inspección reciente, la vivienda se encontraba cerrada, sin personal de custodia, ni sellos de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República o la Auditoría Superior de la Federación. El estado del lugar, con polvo acumulado y hojas secas en las banquetas, evidenciaba el abandono. A pesar de los señalamientos sobre encuentros entre funcionarios y contratistas en la propiedad, no se observan medidas oficiales de resguardo ni indicios visibles de investigación en el sitio.
La presunta red de corrupción estaría encabezada por José Alfredo Hernández Casillas y la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. Entre 2018 y 2025, el INE y organismos públicos locales electorales adjudicaron al menos 49 contratos a empresas vinculadas a esta red, por un monto total de 1,450,443,771.40 pesos destinados a la compra de material electoral como urnas, boletas y mamparas. Las auditorías identificaron que las contrataciones se concentraron en dos conglomerados empresariales, GHC y GC, con una facturación conjunta de 8,870.3 millones de pesos, principalmente en operaciones con institutos electorales. GHC está vinculado a los hermanos Hernández Casillas.
En la residencia de El Pedregal se habrían definido los montos de sobornos o comisiones para Taddei y Hernández Casillas a cambio de la entrega de contratos y la designación de titulares de los organismos públicos locales electorales (OPLE). La Auditoría Superior de la Federación cuenta con testigos dispuestos a aportar información sobre la red.
La Fiscalía General de la República ha integrado diversas carpetas de investigación a través de tres fiscalías especializadas, aunque hasta el momento no se han detallado avances oficiales ni se han implementado medidas de aseguramiento en el inmueble.
