La escasez y contaminación del agua afecta a la mayoría de la población y expone deficiencias en la infraestructura hídrica y la gestión pública.
En 2026, la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, enfrenta una crisis de agua potable caracterizada por la escasez y la contaminación del suministro, situación que ha desencadenado manifestaciones ciudadanas y ha puesto en evidencia problemas institucionales en la administración del recurso. La crisis afecta a la mayoría de la población, sin distinción de estrato social, y se manifiesta en la llegada de agua de color marrón y con problemas de salubridad a los hogares.
Las protestas ciudadanas exigen que las instituciones responsables garanticen el acceso a agua potable suficiente y salubre en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución. La infraestructura hídrica vinculada a fuentes como Chapala y Santiago presenta envejecimiento, falta de mantenimiento, fugas, fracturas y riesgo de contaminación, mientras que las plantas potabilizadoras muestran deterioro y deficiencias en el tratamiento del agua.
El rezago en la modernización de la infraestructura y la vigilancia insuficiente del sistema hídrico han sido señalados como factores que agravan la crisis. Además, existen cuestionamientos sobre la cantidad de parámetros analizados para determinar la aptitud del agua para uso humano y sobre la cobertura del monitoreo. La responsabilidad de proveer y garantizar el agua potable recae en la Federación, los Estados y los Municipios, cada uno en su ámbito de competencia.
La situación ha generado preocupación por el impacto en la salud pública y el riesgo de que se presenten conflictos sociales, inseguridad pública, inestabilidad económica y retroceso cultural. La crisis actual ha sido comparada con problemas históricos de administración y mantenimiento del agua, como los ocurridos en el Imperio Romano, lo que subraya la gravedad y la persistencia de los desafíos en la gestión del recurso hídrico en Jalisco.