El gobernador de Sonora exige esclarecer la presunta red empresarial que obtuvo contratos por más de dos mil millones de pesos en organismos electorales.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la investigación sobre una presunta red empresarial que habría obtenido contratos millonarios de organismos electorales durante más de 25 años. Durazo subrayó la importancia de esclarecer el caso y exigió que se conozca toda la información, se establezcan responsabilidades y se aplique la ley sin privilegios ni encubrimientos.
Durazo detalló que los hermanos Hernández Casillas iniciaron su trayectoria en el Gobierno Federal en 1983 y, durante los gobiernos priistas, trabajaron junto a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien posteriormente ocupó cargos en administraciones del PRI. Tras dejar el servicio público, los Hernández Casillas comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, acumulando antecedentes de controversias desde 1999 y 2005.
Según los datos expuestos, la presunta red habría operado durante más de 25 años, obteniendo contratos por más de dos mil millones de pesos entre 2014 y 2023, y por 646 millones de pesos entre 2024 y 2025. El mecanismo señalado consistió en simular competencia entre empresas relacionadas para favorecer intereses particulares con recursos públicos.
Durazo respaldó la determinación de Sheinbaum de profundizar en las investigaciones y vinculó la controversia con cuestionamientos dirigidos a la titular del INE y a la institución, señalando que se busca trasladar a Morena la responsabilidad por deficiencias históricas de los organismos electorales. Recordó los procesos electorales de 1988 y 2006, en los que, según afirmó, los organismos permitieron la continuidad de gobiernos priistas y panistas pese a controversias sobre la legitimidad de los resultados.
El gobernador enfatizó que las responsabilidades deben establecerse de manera individual y con base en hechos, no atribuirse a un movimiento político. “La democracia no es un negocio. Y quien haya lucrado con ella, que responda ante la justicia”, expresó Durazo, concluyendo que ninguna persona o grupo debe estar por encima de la ley y corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y evitar el uso indebido de recursos públicos.