PAN, PRI, PRD y SOMOS denuncian presuntos vínculos políticos y exigen auditorías a procesos del IEE y proveedores.
Los partidos PAN, PRI, PRD y SOMOS en Sonora han presentado cuestionamientos formales sobre la integración de los consejos electorales y la contratación de proveedores para las elecciones estatales de 2027. Los representantes de estas fuerzas políticas señalaron que la asignación de contratos por alrededor de 185 millones de pesos y la selección de integrantes de los órganos electorales son los principales puntos de preocupación.
Durante el anuncio de la instalación de la Mesa de Unidad por la Democracia, los partidos denunciaron la existencia de una presunta estructura de influencia política, económica y gubernamental, a la que denominaron “Cártel Electoral de Sonora”. Según sus declaraciones, esta red estaría conformada por funcionarios del INE, el IEE y el Tribunal Estatal Electoral, con vínculos familiares, laborales y políticos que, a su juicio, ponen en duda la imparcialidad del proceso electoral rumbo a 2027.
Luis Donaldo Coronado, representante del PRI, detalló que identificaron a 312 personas con militancia en Morena, partidos aliados o vínculos laborales con gobiernos de esas fuerzas, incluyendo 217 militantes de Morena, dentro de los procesos de integración de los consejos electorales. Por su parte, el IEE informó que 1,522 aspirantes avanzaron a la etapa de valoración curricular y entrevistas para estos consejos.
René Noriega, representante del PRD, señaló que entre 2017 y 2025 se asignaron aproximadamente 185 millones de pesos a un mismo grupo empresarial para la adquisición de materiales electorales. Ante esto, los partidos opositores exigieron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) para investigar los procedimientos de adjudicación y posibles conflictos de interés.
La Mesa de Unidad por la Democracia solicitó la separación de Nery Ruiz Arvizu, Marisa Arlene Cabral Porchas y Flor Terecita Barceló Noriega de sus cargos, así como la revisión de señalamientos contra otros funcionarios. Cabe señalar que las acusaciones presentadas por los partidos no constituyen una determinación oficial de responsabilidad.