Protestas de trabajadores del Seguro Social reflejan tensiones en la relación entre sindicatos y gobiernos; líderes sindicales han enfrentado cambios y señalamientos.
Las organizaciones sindicales en México están revisando sus esquemas de apoyo al oficialismo, motivadas por la creciente irritación social y política que se ha evidenciado en protestas recientes, como las de los trabajadores del Seguro Social. Estas movilizaciones reflejan un conflicto profundo en la relación político-sindical con los gobiernos, que ha sido históricamente compleja y marcada por episodios de tensión y cambios en el liderazgo sindical.
A lo largo de las décadas, los sindicatos han experimentado transformaciones significativas. En 1976, Salustio Salgado fue desplazado como líder de los telefonistas tras el rechazo de las bases a la revisión salarial pactada por su dirigencia, lo que permitió la llegada de Francisco Hernández Juárez, quien se mantuvo en el cargo mediante sucesivas reelecciones. En el sector educativo, Carlos Jonguitud Barrios ejerció el poder en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde 1972 hasta abril de 1989, cuando fue relevado por Elba Esther Gordillo Morales por decisión del presidente Carlos Salinas de Gortari. Gordillo impulsó la creación del partido Nueva Alianza en 2005 y dejó el poder sindical en 2013 tras ser detenida, permaneciendo privada de la libertad alrededor de cinco años y medio hasta agosto de 2018.
El sector petrolero también vivió cambios relevantes. El 10 de enero de 1989, fueron detenidos Joaquín Hernández Galicia y Salvador Barragán Camacho, líderes del sindicato petrolero, lo que marcó una nueva etapa en la relación del Estado con ese sindicato. Más recientemente, Carlos Romero Deschamps renunció en octubre de 2019 como líder del sindicato petrolero en medio de señalamientos de corrupción y críticas, tras la sugerencia pública de López Obrador para que enfrentara las acusaciones.
La alternancia política en 2000, con el paso del PRI al PAN, llevó a que los liderazgos sindicales promovieran cambios para prolongar sus periodos de gestión y adaptar métodos de elección. Napoleón Gómez Urrutia, dirigente minero, fue acusado de malos manejos, se exilió en Canadá y posteriormente fue incorporado por la llamada cuarta transformación como senador.
El artículo 41 constitucional prohíbe la intervención de organizaciones gremiales en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, aunque desde 2018 y posteriormente en 2024, dirigentes sindicales han obtenido posiciones políticas en el Senado y la Cámara de Diputados. Leticia Ramírez Amaya, con antecedentes de militancia en la CNTE, llegó a la titularidad de la SEP en 2022. Por su parte, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dirigida por Pedro Haces Barba, mantiene cercanía con el oficialismo.
Este contexto de tensiones y replanteamientos ocurre en un escenario de endeudamiento público creciente, que pasó de 10 billones de pesos en 2018 a casi 21 billones en 2026, equivalente al 56% del PIB, lo que añade presión a la relación entre sindicatos, trabajadores y gobierno.