Consejerías y partidos piden investigar concentración de facultades y posibles conflictos de interés en contrataciones bajo su gestión.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, enfrenta una controversia por presuntas irregularidades y concentración de facultades en la presidencia del organismo. Representantes partidistas y consejerías electorales han exigido su renuncia y la apertura de investigaciones sobre posibles conflictos de interés relacionados con contrataciones y proveedores de servicios electorales.
Durante recientes sesiones, representantes del PRI y del partido Somos reclamaron que se esclarezcan los señalamientos y se investigue cualquier posible conflicto de interés. Marco Antonio Baños, de Somos, solicitó que Taddei se separe temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones, mientras que Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, pidió su renuncia y la aclaración de las dudas surgidas por la difusión de notas periodísticas, videos y fotografías que plantean presuntos vínculos entre Taddei y empresas proveedoras.
Por su parte, Taddei descartó separarse del cargo y afirmó que continuará con sus responsabilidades institucionales. Llamó a los partidos a resolver sus diferencias por vías legales y evitar que el INE sea blanco de confrontaciones políticas. “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, declaró.
Consejerías como las de Jorge Montaño, Frida Gómez y Uuc-kib Espadas pidieron mesura y que el caso se atienda conforme a los cauces institucionales. Morena, PAN, Movimiento Ciudadano y PT también plantearon privilegiar los procedimientos internos para abordar las acusaciones.
Los consejeros Arturo Castillo y Carla Humphrey señalaron un problema estructural en la distribución de facultades dentro del INE, advirtiendo sobre la concentración de atribuciones en la presidencia. Humphrey calificó como “maxipoder” las facultades otorgadas a Taddei para designar directamente a titulares de áreas ejecutivas y administrativas, cuando anteriormente estos nombramientos eran colegiados y pasaban por el Consejo General. Humphrey también expresó desconocimiento sobre quién ocupa algunas áreas y pidió fortalecer los procedimientos competitivos de contratación.
Arturo Castillo advirtió que la controversia puede afectar la confianza ciudadana en el INE y solicitó que se aclaren los hechos e investiguen las contrataciones cuestionadas. Señaló que corresponde a la presidencia ofrecer explicaciones y que las posibles irregularidades deben revisarse mediante los procedimientos pertinentes.
Taddei reiteró su llamado a los partidos para que defiendan sus posiciones mediante el debate y los cauces legales, sin convertir al INE en adversario político.