La excandidata presidencial fue aprehendida la madrugada del 22 de octubre de 2026; Fiscalía formulará cargos por presunto lavado de activos.
La policía de Ecuador detuvo la madrugada del 22 de octubre de 2026 a Luisa González, excandidata presidencial, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023. La detención fue realizada por agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), cuyas imágenes junto a González fueron difundidas por medios ecuatorianos.
La Fiscalía de Ecuador informó que formulará cargos contra tres personas, incluyendo a González, por su presunta participación en lavado de activos. La investigación se centra en posibles irregularidades en las aportaciones y gastos de publicidad durante la campaña presidencial en la que González obtuvo el 48% de los votos en la segunda vuelta, perdiendo frente a Daniel Noboa.
En enero de 2026, las autoridades allanaron la vivienda de González, quien negó entonces haber recibido dinero de Venezuela. Hasta el momento, la Fiscalía no ha precisado si la detención de González corresponde a la investigación iniciada en enero o a un expediente distinto.
El partido Revolución Ciudadana, al que pertenece González, calificó la detención como arbitraria e inconstitucional y responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa por la integridad de la excandidata. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la organización, exigió conocer el paradero de González y pidió su liberación inmediata. Además, Revolución Ciudadana denunció una presunta utilización del sistema penal para perseguir a sus integrantes por motivos políticos.
El expresidente Rafael Correa expresó en la red social X su rechazo a la detención. Por su parte, González había enfrentado otras restricciones políticas: en septiembre de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral le negó continuar con su candidatura a la prefectura de Manabí tras una objeción presentada por los partidos ADN y Creo, decisión que González calificó en X como parte de una dictadura.
El movimiento Revolución Ciudadana fue inhabilitado durante nueve meses en marzo de 2026 por una investigación fiscal por presunto lavado de activos. Esta sanción impidió al partido registrar candidatos para las elecciones de alcaldes y prefectos, que fueron adelantadas a noviembre de 2026.