La medida incluye exenciones a restricciones comerciales y financieras, y autoriza importación de diésel ruso hasta abril de 2027.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de varias disposiciones de una ley que endurece las sanciones contra Rusia, argumentando razones de interés nacional. La ley, promulgada el 18 de septiembre de 2026 y nombrada en honor al fallecido senador Lindsey Graham, busca incrementar la presión económica sobre Rusia y limitar los recursos financieros que sostienen la guerra contra Ucrania.
La suspensión temporal afecta sanciones dirigidas a personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, así como restricciones financieras, comerciales y aranceles sobre productos rusos y mercancías de países que compran hidrocarburos a Rusia. Sin embargo, la orden ejecutiva no elimina sanciones impuestas previamente mediante otras órdenes ejecutivas.
Las exenciones permanecerán vigentes hasta que el propio Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, determinen nuevas medidas. Además, la orden delega en distintas dependencias del Gobierno la aplicación de las disposiciones de la ley que continúan vigentes.
En el ámbito energético, Washington autorizó temporalmente operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos. Esta decisión se relaciona con el acuerdo anunciado el 9 de octubre de 2026 entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin para suministrar diésel a los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía y los combustibles. Rusia entregaría inicialmente más de 300 mil toneladas de combustible, con la posibilidad de aumentar la cantidad según la capacidad de sus refinerías.
La medida ha sido criticada por legisladores de ambos partidos, quienes advierten que los ingresos generados por la venta de combustible ruso podrían financiar la guerra contra Ucrania y cuestionan la compatibilidad del acuerdo con la legislación estadounidense. Por su parte, la Administración de Trump defiende la suspensión de sanciones como una estrategia para contener los costos de la energía.