La iniciativa busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y devolver la administración presupuestal a la Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina.
En 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina, el Tribunal Electoral y el Órgano de Administración Judicial presentaron una iniciativa conjunta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta propuesta plantea la creación de un nuevo órgano denominado Pleno de Órganos Superiores, encargado de administrar los recursos del Poder Judicial Federal.
La iniciativa surge después de varias reformas impulsadas por el oficialismo en años recientes. En 2024, se eliminó la carrera judicial y se establecieron los jueces del bienestar, electos popularmente. Ese mismo año, se creó el Órgano de Administración Judicial, dotado de facultades para el control interno de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial.
En 2025, una nueva reforma revirtió la eliminación de las Salas de la Suprema Corte mediante la creación de secciones, pospuso la elección judicial de 2027 a 2028 y prorrogó el cargo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral hasta 2028, permitiéndoles contender en la elección de ese año.
La propuesta de 2026 busca que la administración de los recursos regrese a la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina, a través del Pleno de Órganos Superiores. Este órgano estaría integrado por los presidentes de la Corte, del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral y del Órgano de Administración Judicial, y en casos excepcionales, por todos los integrantes de esos órganos.
Actualmente, la Constitución establece que la administración y manejo de los recursos del Poder Judicial de la Federación corresponde al Órgano de Administración Judicial. Sin embargo, la iniciativa propone que este órgano sea un ente concentrador del presupuesto, mientras que cada órgano jurisdiccional manejaría su presupuesto mediante unidades ejecutoras.
La propuesta ha sido considerada inconstitucional, ya que plantea la creación de un órgano no previsto en la Constitución y modificaría la administración presupuestal establecida. El debate sobre la viabilidad y legalidad de esta reforma continúa en el ámbito judicial y legislativo.