El acuerdo firmado busca llevar servicios jurídicos directamente a comunidades con mayores necesidades en Sonora.
La Defensoría Pública Federal y el Gobierno de Sonora establecieron un acuerdo de entendimiento para fortalecer la defensa jurídica y ampliar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables en la entidad. El convenio, firmado con la participación de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, tiene como objetivo principal coordinar esfuerzos para brindar protección jurídica a personas cuyas condiciones económicas o sociales dificultan el acceso a servicios legales.
Durante su visita a Hermosillo, Benjamín Rubio Chávez, representante federal de la Defensoría Pública, reconoció la disposición del gobernador Alfonso Durazo Montaño para impulsar la colaboración institucional. Rubio Chávez destacó que la justicia requiere una defensa comprometida, independiente y con vocación de servicio, y subrayó la importancia de que quienes laboran en las defensorías públicas cuenten con preparación, carácter y compromiso para enfrentar situaciones de injusticia y exigir el respeto a la Constitución.
El acuerdo pretende dejar atrás el modelo de atención concentrado en oficinas, llevando los servicios jurídicos directamente a comunidades y sectores con mayores necesidades en Sonora. Se busca así fortalecer la coordinación institucional y garantizar que la defensa jurídica llegue a quienes más la requieren, manteniendo una visión social del servicio público y asegurando el acceso a derechos fundamentales como educación, salud, trabajo y seguridad.
La colaboración entre la Defensoría Pública Federal, el Gobierno de Sonora y la Consejería Jurídica representa un paso relevante para acercar la justicia a los sectores históricamente marginados, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la protección de los derechos fundamentales en la entidad.